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La Iglesia y la Reforma Educacional

Aportes al IV Congreso Nacional de Educación Católica
Fecha: 05/11/2014
Referencia:
País: Chile
Ciudad: Santiago
Autor: Mons. Héctor Vargas Bastidas


Instituto Alonso de Ercilla,
Santiago de Chile, 5 de noviembre de 2014


I. CAUSAS DE LA REFORMA: UNA LECTURA POSIBLE

El actual debate y cuestionamiento en que se encuentra nuestro sistema educativo demuestra que, no obstante los significativos avances del último tiempo, existe un malestar objetivo del cual es necesario hacerse cargo, y que aún queda un largo camino a recorrer para consolidar un modelo educativo con aprendizajes de calidad, justo y equitativo, en donde cada estudiante, al margen de su condición personal, social y económica, tenga asegurada la formación necesaria para desarrollarse integralmente, construir un proyecto de vida pleno, y aportar generosamente toda su riqueza a la sociedad de su tiempo.

Constatamos que nos toca educar en tiempos de globalización, fenómeno en el que nuestro país se encuentra sumergido. Incide, en una palabra, en casi todos los ámbitos de la vida humana. Ocasiona cambios que afectan a todos y que llegan hasta el interior de las personas: hasta su sentir, su pensar y sus costumbres.

Más allá de sus innegables beneficios, que colaboran a que la historia camine hacia su real destino, debemos afirmar que se trata también de una “globalización asimétrica”. Esta tiende a acrecentar la desigualdad de oportunidades, la pobreza, la marginación, la corrupción, la nivelación cultural, la “colonización” económica y valórica. Por otra parte, está provocando una verdadera revolución en el ámbito de la cultura, y por consiguiente en el de la educación, ya que tiende a alterar la identidad cultural de casi todos los pueblos. Mientras promueve el culto al propio yo, al dinero y al placer, atenta contra la solidaridad con los marginados, contra el respeto y el valor sagrado de la vida, contra el matrimonio, la familia y la heterosexualidad, contra la identidad y misión de la mujer, contra la diversidad cultural, y contra la auténtica concepción de la libertad, cuya vocación es aliarse con la verdad, la belleza y el bien. En definitiva, como toda criatura gestada por el hombre, la globalización será aquello que nosotros hagamos de ella. (Documento de Participación Aparecida)

El Comité Permanente de Chile, en su Carta Pastoral \"Humanizar y compartir con equidad del desarrollo de Chile\", señala que \"el nivel de desarrollo económico alcanzado por el país, convierte a la realidad desigual en algo explosivo. Las movilizaciones sociales justas en sus demandas pueden poner en peligro la gobernabilidad si no existen adecuados canales de expresión, participación y pronta solución. Ya no se acepta más que se prolonguen las diferencias injustificadas. La desigualdad se hace particularmente inmoral e inicua cuando los más pobres, aunque tengan trabajo, no reciben los salarios que les permitan vivir y mantener dignamente a sus familias. El “lucro” desregulado en este contexto social, que adquiere connotaciones de usura, aparece como la raíz misma de la iniquidad, de la voracidad, del abuso, de la corrupción y en cierto modo del desgobierno\".

No es extraño que esta concepción marque profundamente la educación, uno de los ámbitos de nuestra sociedad donde se manifiesta más claramente la inequidad. La amplia cobertura alcanzada por nuestro país en este campo ha puesto sobre el tapete las diferencias infranqueables en calidad. Por eso mismo, la educación es el ámbito donde el \"lucro\" es rechazado con mayor vehemencia. No podemos, sin embargo, tranquilizar la conciencia centrándonos sólo en el lucro o echándole la culpa de los males a la calidad de los profesores, que ciertamente tiene que mejorar. La más elemental honradez y justicia nos obliga a ir más a fondo en el análisis hasta llegar a la raíz del problema.

La mayoría de las peticiones del movimiento estudiantil se insertan en este contexto y hablan de la necesidad de cambios que provoquen mejoras sustanciales a un sistema segmentado inequitativo, que evidencia serios problemas de calidad, que es abusivo en lo económico, que permite prácticas lucrativas moralmente reprobables, y que necesita un fortalecimiento de la educación pública.

No se ha había tomado plena conciencia de las deudas que arrastraban las familias, del aprovechamiento privado de recursos públicos en un porcentaje de colegios particulares subvencionados, de la mala calidad de la educación que han ido arrojando mediciones internacionales. Resulta preocupante que hayan tenido que ser los propios estudiantes movilizados los que hayan puesto sobre la mesa con toda su crudeza este escándalo social. Hubo además en los hechos un descuido económico: las aportaciones del Estado por alumno de educación pública estaba en la mitad de la tabla a la nivel latinoamericano.

En un país que proclama a los cuatro vientos el éxito de su economía, que habla siempre de la educación como la gran palanca e inversión para el desarrollo, la enseñanza pública se fue vaciando de mística y de alumnos. De este modo los grandes luchadores contra la pobreza admitieron tácitamente que los sectores más vulnerables tuviesen como castigo adicional una educación de mala calidad. Así, mientras los alumnos desertan hacia la educación particular subvencionada, la pública se encamina progresivamente hacia la marginalidad.

La bandera de la desmunicipalización que agitan los estudiantes, nos recuerda que durante el régimen militar se optó por desvincular al Estado de uno de sus deberes más fundamentales, trasladando la educación pública a los municipios, y gradualmente también a los privados, como ha venido sucediendo. De este modo la educación pública fue relegada a la “mesa del pellejo”, cuando no del desprecio, incapaz de promover una auténtica movilidad social de los sectores más pobres, reproduciendo así un modelo económico y social profundamente injusto. La educación municipal en sí no es nada negativo. Muchos países desarrollados la poseen con gran calidad. Pero el modo como se hizo en Chile ha sido tremendamente regresivo. Tal vez por ello aún contamos con una alta deserción escolar, con 700.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, y con preocupantes índices de violencia, con una proporción carcelaria también alta respecto de otras naciones, con una práctica de la violencia visible e invisible muy preocupante. Sin una educación integradora, plenamente dignificadora, ¿cómo podremos esperar tiempos mejores?

En medio de esta situación de la educación municipal, la libertad de enseñanza, uno de los principios irrenunciables para la Iglesia, puede transformarse en una ficción si ella se limita a la posibilidad de crear y gestionar colegios de acuerdo a proyectos educativos propios. Esa es una parte de la libertad. Ella supone al mismo tiempo y más profundamente que los padres pueden tener la real posibilidad de dar a sus hijos la educación de calidad que ellos desean. Hoy los pobres no tienen la posibilidad real de dar a sus hijos la educación que desean, o sea su pobreza les impide tener libertad de enseñanza. Para que haya libertad y equidad los pobres deben tener posibilidad real de acceso a una educación de calidad que no los discrimine. Esta debe ser una bandera de la Iglesia y su educación, tanto o más apremiante que la libertad de sostener colegios propios. Sin calidad no hay justicia y no hay libertad. La calidad universal y accesible es la condición de posibilidad para que los padres sean verdaderamente libres para elegir la formación que quieren para sus hijos.

En este contexto, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal señalaba en una reciente Carta Pastoral: “En esta concepción del desarrollo tan fuertemente orientada por el mercado, es natural que el Estado vaya cediendo muchas de sus funciones y pierda sus instrumentos de intervención hasta convertirse solo en un ente regulador. Incluso esta misma función reguladora se ve disminuida porque se considera finalmente que toda regulación imposibilita la eficiencia y la libertad del mercado. El Estado ha quedado con las manos atadas para la prosecución del bien común y sobre todo para la defensa de los más débiles. Con esto, la subsidiaridad que puede focalizar adecuadamente la acción estatal se entiende mal y se desarticula así la correcta relación entre lo público y lo privado. En todas las esferas de la vida se ha privilegiado excesivamente lo privado sobre lo público. Quienes están más desfavorecidos en el mercado, quedan desamparados y padecen la ausencia del ente que debe velar por el bien común. La carencia de adecuados controles en un mundo competitivo se ha prestado a fuertes abusos, tal como lo hemos podido experimentar en nuestro medio.

En un país marcado por fuertes desigualdades resulta extremadamente injusto poner al mercado como centro de asignación de todos los recursos, porque de partida participamos en ese mercado con desigualdades flagrantes. El barrio en que vivimos, el colegio y la universidad en que estudiamos, las redes sociales que tenemos, el apellido que heredamos, distorsionan lo que en teoría debería ser un escenario donde todos tengamos las mismas oportunidades. La partida desigual y la competencia descontrolada no hacen sino ampliar la brecha cuando se llega a la meta. El resultado es que nos encontramos en un país marcado por la inequidad, convirtiendo esta desigualdad en algo explosivo”. Hasta ahí la cita de la Carta Pastoral.

En el año 2007, ya los Obispos latinoamericanos en Aparecida hablamos de una “delicada emergencia educativa: las nuevas reformas educacionales de nuestro continente (…) aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades, y denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad y el mercado. Por otra parte, con frecuencia propician la inclusión de factores contrarios a la vida, a la familia y a una sana sexualidad. De esta forma no despliegan los mejores valores de los jóvenes ni su espíritu religioso; tampoco les enseñan los caminos para superar la violencia y acercarse a la felicidad, ni les ayudan a llevar una vida sobria y adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harán estable el hogar que funden, y que los convertirán en constructores solidarios de la paz y del futuro de la sociedad” (DA 328).

Es duro decirlo, pero la actual estructura de la educación chilena en su conjunto, arriesga transformarse en una máquina de segregaciones, de consolidación de una moderna sociedad de castas. Por supuesto que el discurso público de los diversos sectores predica educación de calidad para los ciudadanos, igualdad de oportunidades, una sociedad cohesionada. La realidad de estos años tras la recuperación de la democracia dice exactamente lo contrario. Es verdad que se ha invertido muchísimo más en educación, a niveles históricos podría decirse, en modo particular en el mundo municipal y en escuelas de vulnerabilidad social con variedad de programas en favor de los alumnos más carenciados. Pero, sin embargo, los resultados no cuadran.

Chile ha estado preocupado durante varias décadas de producir una economía, pero no de construir una sociedad. El Estado ha sido fuertemente activo en la generación de esos mercados. Una descomunal exigencia de integración económica y una escasa preocupación por la integración normativa, cultural y política generan como resultados: malestar social, caída de la legitimidad de las Instituciones y desconfianza mutua.

El sociólogo Alberto Mayol, en una ponencia presentada en un encuentro nacional de la Empresa (Enade), señalaba que la ciudadanía en general define su relación con las clases política y empresarial, como abusiva. En el fondo lo que ocurre es que la articulación entre el modelo económico y el modelo de sociedad en construcción, genera injusticia, pues ha habido predominio del primero sobre el segundo.

Ello no es un hecho aislado, aseguraba una declaración del Comité Permanente en medio del conflicto estudiantil: “No cabe duda que la forma en que la economía y la política se han venido organizando internacionalmente, ha favorecido modelos estructurales basados más en la codicia y la ganancia ilimitada, que en el servicio al desarrollo integral de las mayorías”.

Creemos que los problemas educacionales obedecen a situaciones mucho más profundas que es imperioso discernir y ayudar a descubrir. Por ello, la sola respuesta a temas que pensamos pueden resolverse con cierta agilidad y acuerdos políticos, financieros y jurídicos, no lograrán satisfacer los anhelos de nuestra juventud; es más, podrían incluso implicar nuevas frustraciones.

Nos asiste la convicción que nuestro actual sistema educacional tiene serias dificultades para dar respuestas adecuadas a las grandes ansias del corazón de los niños, niñas y jóvenes, a sus necesidades de desarrollo afectivo, intelectual, ético, social y espiritual. Tememos que estos ámbitos de la persona, y que son centrales en los fines de una auténtica educación, puedan haberse quedado en la sola formulación de principios inspiradores, que hasta ahora no han logrado traducirse coherentemente en valores, objetivos, experiencias pedagógicas, ni en formulaciones curriculares concretas, porque muy poco de esto es considerado quizás por el mismo sistema, como parte de una educación de calidad. De ahí nuestro gran cuestionamiento a las actuales mediciones nacionales estandarizadas, que terminan estigmatizando a las escuelas de alumnos más pobres.

Por otra parte, uno de los aspectos que en general llama la atención en las propuestas educacionales oficiales de América Latina y el Caribe, es que no existe un pronunciamiento explícito en torno a alguna concepción del ser humano o de la persona que desea formarse. Los conceptos más utilizados suelen ser más bien los de “ciudadano” e “individuo”. Este confundir el individuo con la persona ha creado una sociedad de individuos, donde cada uno compite, busca su éxito y se aísla. Es una cultura que rompe solidaridades y crea soledad. Nuestros jóvenes masificados viven una soledad brutal. Con un individualismo donde cada uno a codazos tiene que triunfar, se despedaza la esencia social del ser humano. Si hay algo que pertenece al núcleo de nuestra fe es la hermandad, la solidaridad. Porque creados a imagen y semejanza de Dios trinitario, comunidad de amor, somos por esencia sociales y no individualistas, y eso tiene muchas consecuencias en la educación. Esto es el alma de nuestro Evangelio y de trascendental vigencia y urgencia hoy ante una cultura cada vez más individualista e indiferente, y por ello más violenta.

De este modo, pareciera que lo que se buscaría promover a través de la gestión y nuevo desarrollo curricular, es más bien un gran cambio cultural, una nueva sociedad, un nuevo individuo. Si bien es cierto que muchos de estos objetivos pueden ser valiosos en sí, conducentes a favorecer la inclusión y la paz social, no es menos cierto que implican opciones antropológicas equívocas que en su momento podrían derivar incluso en una legitimación de conductas contrarias a principios que son la base del valor de la vida y de la dignidad de la persona.

Ante todo este desafiante contexto político social, lejos del desconcierto inicial, estamos llamados a leerlo y asumirlo desde una mirada proactiva y de fe, capaz de discernir los signos de los tiempos.

II. ACERCA DEL PRIMER PROYECTO DE REFORMA ESCOLAR

Por estas consideraciones hasta ahora expuestas, ante el anuncio del actual Gobierno, en cuanto a que se deseaba llevar a cabo una Reforma Educacional estructural, nuestra actitud como Iglesia ha sido fundamentalmente de apoyo y expectativa. Cuando se hizo público que el Proyecto de Ley para el mundo escolar, consistiría esencialmente en la gratuidad de toda la educación particular subvencionada, la eliminación de la selección de alumnos, del copago, del lucro, nos pareció que eran temas interesantes de abordar. Nuestra postura ante un nuevo proyecto de ley, una vez más fue de discernimiento respecto de sus fundamentos y significado, como de colaboración respecto tanto de lo que estimamos pueda ser valioso al bien común del país, como a la hora de aportar al mismo con propuestas y crítica positiva. Veíamos la posibilidad de un avance interesante en la línea de la opción por los pobres, de la equidad, y en el desafío de contrarrestar la segregación desde la base, favoreciendo mayores grados de inclusión e integración social.

Al tratarse de una Reforma que busca llevar a cabo un cambio paradigmático en el sistema educacional chileno, habría sido muy importante, sin embargo, haber dado unos pasos preliminares. Entre ellos, la instalación de un gran diálogo y debate democrático acerca de los valores que constituyen la identidad cultural que caracteriza el alma nacional; discernir juntos como el país que anhelamos construir entre todos, la realidad global de nuestros niños y jóvenes, sus principales necesidades en los diversos ámbitos de su vida, las esperanzas de la sociedad para un desarrollo en equidad y a escala humana, y finalmente a la luz de la pluralidad y diversidad propias de una sociedad libre y democrática, el tipo de educación de calidad pertinente a lo anterior, respetando al mismo tiempo la naturaleza y fines esenciales de la misma, en donde la vida de la persona de los alumnos está en el centro del hecho educativo.

Hemos lamentado muchísimo que la premura de los tiempos y objetivos políticos hayan dicho otra cosa. Ha primado más bien un pragmatismo muy preocupante, que nos ha obligado a analizar solo una parte de la Reforma, al margen de una propuesta más global que le daría su sentido orgánico y procesual, pero de la cual se desconocen hasta ahora sus características y alcances. De hecho, ignoramos completamente los objetivos y contenidos de los próximos proyectos.

Este proyecto se ha centrado solo en la educación particular subvencionada y no ha considerado, desde el principio de la subsidiaridad, una reflexión de fondo acerca de su naturaleza, de sus fines específicos, del lugar que está llamada a ocupar en la globalidad del sistema educacional, de su servicio a las familias humildes y de clase media que la buscan mayoritariamente, y de lo que se espera desde su originalidad al desarrollo del país. En efecto, el Proyecto de Ley se reduce más bien a medidas y normas sobre cuatro objetivos concretos, relacionados fundamentalmente con aspectos de tipo económico.

De un sereno análisis de toda la propuesta, no es difícil concluir, por las características y consecuencias de algunos de sus artículos para las comunidades educativas, que ha faltado un diagnóstico más acabado e integral, acerca de la realidad objetiva y complejidad del funcionamiento de todo el sistema particular subvencionado. Si el diagnóstico no refleja el pleno conocimiento de este tipo de educación, resultará incompleto y/o sesgado, conllevando el riesgo de inducir a decisiones erróneas que pueden hacer un flaco favor a la justicia con esta modalidad de provisión educativa. Modalidad no deseada por sectores políticos que preferirían una educación exclusivamente estatal.

Nuestra postura en estos meses ha sido la de un serio discernimiento respecto de sus contenidos, como de colaboración respecto tanto de lo que estimamos pueda ser valioso al bien común del país, a la educación de los niños y jóvenes, como a la hora de aportar al mismo con propuestas responsables y crítica positiva Nos hemos sumado así al trabajo y aportes de todos los demás sectores que han hecho de la educación un servicio reconocido y significativo al país.

Los principios que han inspirado nuestro compromiso y acción en este tema, no han sido otros que los propuestos por la Doctrina Social de la Iglesia, y que tienen un significado profundamente moral porque remiten a los fundamentos últimos y ordenadores de la vida social. Nos referimos al Bien Común, a la Participación, a la Solidaridad y a la Subsidiaridad, como principios que consideramos iluminadores a la hora de construir políticas públicas.,
La experiencia constata, en consecuencia, que la negación de estos principios o su limitación en nombre de una pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad, limita y a veces también anula, el espíritu de libertad y de iniciativa tanto de personas, como agrupaciones y sociedades intermedias que buscan aportar al bien común. En este caso, el servicio educativo.

Al parecer en algún momento del proceso, los grandes e importantes objetivos fijados por el Ejecutivo para este primer Proyecto de la Reforma, pasaron a un segundo lugar, para centrarse el debate en torno a los temas como los ya mencionados, Más aún, si la dimensión formativa, pedagógica, curricular y docente, claves para asegurar calidad, no han sido hasta ahora integrados.

Sin perjuicio de lo anterior, nos asiste la plena voluntad de poder colaborar y aportar desde nuestra identidad y dilatado servicio educativo, y por ello tenemos la firme esperanza de que se podrán encontrar las mejores soluciones para el buen término de la esta iniciativa, que quisiéramos fuera una buena noticia para el país y no otra cosa, evitando consecuencias complejas para la presencia y funcionamiento ordinario del sistema particular subvencionado y del propio Estado, a la hora de querer implementar una nueva normativa.


III. ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA TAREA DEL SENADO


Con motivo del término en la Cámara de Diputados, del primer trámite legislativo del actual Proyecto de Ley sobre la Reforma Educacional, ofrecemos una vez más nuestro parecer en vista a su ingreso al Senado de la República. Lo hacemos en medio de un intenso debate público, como de las objetivas preocupaciones que dicho debate ha suscitado en la inmensa mayoría de las comunidades educativas, especialmente de los colegios particulares subvencionados. Los padres de familia, en cuanto primeros y principales educadores de sus hijos, han decidido asumir el rol que les cabe en los procesos educativos, con un compromiso inédito respecto de la defensa de sus derechos, y del valor de la libertad de enseñanza a la hora de elegir la educación que desean para sus hijos Así lo han hecho saber con mucha fuerza y claridad al país.

En un tema tan delicado, como vital para la formación y vida futura de las nuevas generaciones y la sociedad misma, se requiere de parte de todos los sectores, como de las propias autoridades de Gobierno, políticas y parlamentarias, favorecer instancias de encuentro, de diálogo y sincera escucha. En tal sentido, el actual clima de beligerancia, ideologización y lenguaje descalificatorio, incluso de autoridades, va en un sentido opuesto a lo que desearíamos, y no colabora para acoger de manera sabia, responsable y razonable, las sensibilidades y anhelos de una sociedad diversa y plural como la nuestra.

Lo más importante es preservar la pluralidad en la educación chilena, tan necesaria para la democracia, el derecho de elección de los padres del tipo de educación que quieren para sus hijos, la posibilidad real de tener acceso a una educación de calidad y los atributos asociados a la libertad de enseñanza: provisión mixta; libertad para el desarrollo de los proyectos educativos con la imprescindible autonomía en la gestión, sin perjuicio de la debida fiscalización y sanciones a los infractores por parte del Estado; factibilidad de abrir nuevos establecimientos y de mantener los actuales, desarrollando el trabajo en red entre quienes comparten una impronta educativa y han generado sinergias que favorecen la formación de sus alumnos; la concepción laica de la educación (laica y no laicista, por tanto, respetuosa de toda expresión religiosa) y el reconocimiento jurídico en la ley de las entidades de derecho canónico.

En virtud de lo anterior, la Iglesia ha venido ofreciendo su aporte al debate en torno a la reforma de la educación, valorizando lo que comparte, pero cuidando a su vez que el articulado de la ley no atente contra los principios antes señalados y no afecte a ninguna comunidad educativa, sea laica o confesional, pública o privada.

En este actuar en la primera etapa se obtuvo mejoras al proyecto, como eliminar la plataforma centralizada de admisión de alumnos y dejar el proceso en manos de los colegios, eliminar el carácter de mero administrador de recursos públicos que se había dado a los sostenedores pasando a ser colaboradores que usan los recursos para su proyecto educativo, obtener el reconocimiento como sostenedores a las personas jurídicas de derecho público (como la Iglesia) sin necesidad de convertirse en nuevas fundaciones, etc.
Para esta segunda etapa, es importante dar inicio a una nueva conversación respecto de los diversos temas del Proyecto. En este sentido el Área de Educación de la Conferencia Episcopal está trabajando 52 indicaciones con el Sr. Ministro y Equipo Asesor. Entre los aspectos sensibles a profundizar en este segundo trámite, señalamos los siguientes:

1. Trabajo en red

El trabajo en red es fundamental para la educación. No se puede afectar la calidad del trabajo de todo el sistema educacional, con el pretexto de sancionar a quienes han hecho mal uso de los recursos o simplemente obtuvieron ganancias que hoy son vistas como desproporcionadas, pero que forman parte de la actual regulación vigente. Trabajar en red es una riqueza importante y sería de gran daño para la prestación educacional que ello se prohibiera como consecuencia de evitar el lucro en otras entidades.

Tal como existen proyectos educativos exitosos que no operan en red, forma parte de la autonomía reconocida por nuestra Constitución, la LEGE y tratados internacionales a los sostenedores, la facultad de trabajar en colaboración, entre instituciones que comparten una inspiración y fundamentos educativos.

En consecuencia, su prohibición implica escoger el camino fácil, mientras que su adecuada regulación permitiría al Estado cumplir su papel a plenitud: favorecer la libre autonomía para operar en la mayor realización del proyecto educativo, es decir, en pos de la calidad.

Lo que aquí corresponde, entonces, es regular y transparentar. Por ello, estimamos que el tratamiento de personas y operaciones relacionadas debe perfeccionarse, ajustándose a la gestión cotidiana de un establecimiento. Se trata de consagrar el concepto de trabajo de redes transparentes, informadas, con precios justos de mercado, con fines educativos, de capacitación, formación y desarrollo de su proyecto educativo, debidamente informadas a la Superintendencia de Educación y fiscalizadas por esta, sujetas a eventuales sanciones, en el marco del estado de Derecho, en caso de faltar al deber de transparencia o a las condiciones de mercado en el desarrollo de operaciones con personas relacionadas.

2. Cuidado que no se afecten comunidades educativas laicas o confesionales con motivo del período de transición de los colegios con copago alto a gratuidad

Aquellos colegios de copago alto no podrán pasar a gratuidad de inmediato ya que la subvención de gratuidad no alcanzará a cubrir el copago. Deberán esperar varios años para llegar pasar a gratuidad. Considerando que el propio Gobierno ha señalado que el plazo en que ello ocurra es indeterminado, en el intertanto hay que asegurarles viabilidad financiera.

Para ello, debe buscarse las fórmulas que permitan su sustentabilidad, pensando que tienen compromisos laborales y educativos que deben cubrirse. Pensamos que como mínimo debe considerarse en UF la suma del total de la subvención regular más el total de financiamiento compartido y garantizarlo cada año, lo que actualmente no se hace en el proyecto.

Esto es fundamental puesto que, de no garantizarse la viabilidad económica de estos establecimientos, muchas familias y los proyectos que pretendan ajustarse a los cambios que disponga el proyecto de ley podrían verse seriamente afectados en un plazo breve.

3. Cuidado que no se afecten comunidades educativas laicas o confesionales con motivo de la situación de los inmuebles

Entendemos que se quiere priorizar que los sostenedores educacionales como primera opción sean dueños, luego comodatarios y finalmente arrendatarios. Para ello se requiere una política más agresiva del Estado para fortalecer la compra por parte de la nueva corporación o fundación al dueño del inmueble, incentivar los comodatos por sobre los arrendamientos, y dejar los arrendamientos de manera regulada como opción para aquellos que no pueden o no desean vender o comprar.

Respecto de la compra se requieren medidas como: garantía del Estado por el total del crédito y sin tope de ingresos, reavalúo explícito de las tasaciones fiscales de las propiedades y política crediticia activa por parte del BancoEstado, al menos. Se trata que la compraventa sea una realidad, que los dueños puedan vender a precio de mercado y de manera expedita y no burocrática, haciéndose cargo el propio Estado de la regulación que imponga y de los costos que ello implica.

En cuanto al comodato, debe flexibilizarse el plazo, ya que hay instituciones que hoy tienen propiedades en comodato pero a 5 años y con posibilidad de cambiar a arriendo si las condiciones cambian (por ejemplo, más recursos en el colegio o dificultades del comodante). Esta ley las obliga a un comodato a 20 años que no tiene sentido pues inmoviliza por demasiado tiempo un patrimonio e igual el colegio puede cerrarse antes (no por el comodato sino que por el sostenedor). Forzar a 20 años hará que muchos que hoy dan en comodato y que estarían dispuestos a seguir haciéndolo en las mismas condiciones actuales, dejen de hacerlo. Sería mejor mantener los comodatos a 5 años la primera vez, y renovaciones de otros 5, con aviso de término de tres años, es decir garantizando 8 años.

Respecto de los arriendos habría que permitirlos a los sostenedores con reconocimiento oficial (o a la fundación que se cree para tomar la calidad del sostenedor) a 2014 con regulaciones como el 11% avalúo fiscal, a 20 años, tiempo de aviso 10 años. Hay que considerar un sistema que no dependa de la voluntad fiscal. La lógica del avalúo fiscal puede conducir a la sub evaluación de manera inexorable. En nuestras grandes ciudades, el suelo se está valorizando altamente. Para evitar que esta norma sufra inaplicabilidad práctica, la renta debe considerar condiciones de mercado. De otra forma, el techo del precio de venta y de la renta de arrendamiento puede hacer inviable la continuidad de una serie de colegios.

La actividad inmobiliaria es una actividad diversa de la educacional, lo que torna irrelevante la relación que exista entre arrendador y arrendatario, si las condiciones se ajustan al mercado en el sector en que se ubica el colegio. El esfuerzo debe ser legislar para regular, no para proscribir.

Esto es fundamental puesto que, de no garantizarse una solución al tema de los inmuebles donde se ubican los colegios, muchas familias podrían ser afectadas.

4. Posibilidad de abrir establecimientos educacionales nuevos donde hay demanda de los padres por un tipo de proyecto educativo

Actualmente, el proyecto señala que se aceptará abrir nuevos establecimientos si no hay vacantes suficientes para la demanda en un territorio. En esta materia, nos parece que el régimen de plena libertad para crear y mantener colegios debe ser la regla, puesto que los requisitos para impetrar subvención ya son suficientemente exigentes Nuestra propuesta es aclarar que la demanda refiere a un tipo de proyecto educativo.

La limitación que pretende establecer el proyecto de ley, afecta derechos reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, declaraciones a las que sucesivamente ha adherido Chile en los últimos 70 años. Nos parece que las exigencias que se realizan en el proyecto de ley son ya una tremenda barrera de entrada a quienes deseen crear un colegio, por lo que no existe justificación para atender exclusivamente a una mera sumatoria de vacantes y no a la sana y necesaria diversidad de proyectos educativos que permitan, especialmente en condiciones de gratuidad, el acceso a quienes deseen formar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones.

Cualquier otra restricción, especialmente si deja en manos de la autoridad el otorgamiento del permiso, pone en riesgo de cooptación la oferta educativa en el futuro, situación que nuestros legisladores deben cuidar que efectivamente no ocurra.

5. Evitar una excesiva sobre regulación

De la lectura global del Proyecto se deduce una muy grave
desconfianza hacia la gestión de todas aquellas instituciones no estatales, que ofrecen el servicio público de la educación escolar. En efecto, su excesiva normativa despierta la percepción que permanecerán en virtud de la Ley bajo una permanente sospecha, y desde esa posible predisposición negativa, podrían llevarse a cabo las distintas evaluaciones, inspecciones y por ende castigos.

El Estado, sin duda, tiene el ineludible deber y derecho de regular la vida social, más aún si aporta subsidios, para asegurar el bienestar de todos, evitando abusos, discriminación e infracciones que merecen toda condena. Pero en esta ocasión, con la finalidad de evitar legalmente hasta la más mínima infracción, pareciera quererse normar todo en un modo tal, que corre el riesgo de privar a todos los sostenedores particulares de espacios que son vitales, para el libre y creativo desarrollo y gestión de sus peculiares proyectos educativos.

En efecto, la cantidad de regulaciones, exigencias, condiciones y sanciones, incluso penales con cárcel, sumadas a todas las ya existentes, son de tal envergadura para las simples estructuras y organización una comunidad educativa, que es imposible no considerar varias como excesivas e incluso innecesarias para un buen y correcto funcionamiento del sistema escolar. Todo ello, sin considerar la cantidad de recursos y personal que demandará todo esto a los organismo públicos, y el volumen de trabajo administrativo que ello implicará al ya sobrecargado trabajo de los directivos docentes, quienes por tema burocráticos están cada vez más ausentes de la tarea pedagógica en medio de los alumnos.

Tales características pueden terminar reduciendo la pluralidad educativa a una moral del minimalismo y del mero cumplimiento para evitar problemas, sofocando sin duda iniciativas propias y diversas que son claves para una educación de calidad, una suerte de paralización, \"aplanamiento\", y de auto represión de la vida escolar. Ello podría llevar a no invertir, a no innovar, a no experimentar por temor a ser sancionado, cuando esto en cambio forma parte de la esencia del hecho educativo.

6. Mejoramiento general del articulado

Existen diversas normas que deben ser mejoradas, entre ellas, que:
- El fomento del desarrollo de una cultura cívica que promueva la participación activa, ética y solidaria de las personas en la sociedad, sea en todos los establecimientos, no solo en los del Estado;
- Se pueda cancelar la matrícula cuando deba protegerse a personas de la comunidad ante peligros y en caso de las personas que atentan grave y reiteradamente contra el proyecto educativo;
- Que se busquen formas para que ningún establecimiento educacional se vea obligado a cerrar;
- Se elimine la obligación tan vaga de realizar medidas previas de apoyo pedagógico y psicosocial como condición para proceder a la no cancelación de matrícula.
- Se aclare dentro de los fines educativos la circunstancia de haber sostenedores con varios establecimientos;
- Se ajusten diversas normas a las leyes vigentes (LGE, Zamudio, Mercado de valores, leyes laborales, etc.);
- En la selección se permita un porcentaje de alumnos hijos de ex alumnos del establecimiento, y de alumnos meritorios.
- Se puedan acotar las situaciones que impliquen faltas importantes, y un protocolo que asegure objetividad y proporcionalidad en el grado de las sanciones, como las instancias de apelación.
- Se flexibilice la normativa propuesta, en modo que junto con asegurar las ideas matrices del proyecto, no se impongan regulaciones que rigidicen e inhiban el libre desarrollo de las características de los proyectos educativos, y legítima autonomía.

Quisiera concluir estas palabras citando una intervención el P. Fernando Montes, sj, en nuestro Primer Congreso de Educación Católica, el año 2006: “tengo la sensación de que estamos en un momento muy privilegiado de nuestra historia: estamos refundando el país y esto es muy apasionante. Lo que decidamos hoy día será de una enorme trascendencia. Precisamente porque estamos refundando el país, porque estamos dando un salto adelante, nos toca vivir de una manera muy dramática los cambios un cambio de época, y en estas circunstancias es normal que se obnubilen los valores, lo que era seguro deje de serlo y se rompan los canales de transmisión de la cultura. Y como educar es transmitir cultura, es muy grave cuando ella se nos quiebra, porque se nos quiebra el alma, perdemos el rumbo, no sabemos cómo caminar y adónde dirigirnos. De algún modo este profundo quiebre se manifiesta en la revuelta estudiantil que ha agitado a nuestra sociedad. Se trata de un país que está cambiando su piel y que requiere por lo tanto reformular los valores, reformular su educación, precisar qué quiere poner en el alma de sus jóvenes para que puedan enfrentar su vida. Este es el desafío que se presenta hoy a la educación. Nos preguntamos, en medio de estos cambios ¿qué debe aportar nuestra visión cristiana?”.



+Héctor Eduardo Vargas Bastidas, sdb
Obispo de San José de Temuco
Presidente Área de Educación de la CECh